En respuesta a su correo le comunicamos que la situación de fuerza mayor descrita en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020 se sigue aplicando en sus propios términos y puede afectar a una parte o la totalidad de la plantilla.
En cambio, la fuerza mayor vinculada al COVID-19 durante la fase de desescalada o desconfinamiento, a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley queda descrita de acuerdo con otros presupuestos.
Definida a partir de lo anterior- lo previsto en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020- las medidas de suspensión o reducción de jornada se mantendrán hasta el 30 de junio en la medida en que las causas referidas en dicho precepto impidan el reinicio de su actividad.
Es decir, constatada inicialmente su concurrencia por la autoridad laboral, y en razón a que sus consecuencias impiden el reinicio de las prestaciones laborales, las empresas continuarán en situación de fuerza mayor total derivada del COVID-19, artículo 1.1 del Real Decreto-ley 18/2020.
No hay que olvidar que las medidas adoptadas se refieren a la suspensión y reducción de jornada, es decir, sus efectos se hacen sentir sobre los contratos de trabajo y que el objetivo último es evitar los despidos, respecto de los cuales se mantiene la limitación prevista en el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, y que en todo caso, dicha situación se agota o desaparece el día 30 de junio (a salvo de lo previsto en la disposición adicional primera que en este caso se refiere de forma explícita a las restricciones sanitarias).
En relación con la fuerza mayor parcial vinculada al COVID durante la fase de desescalada o desconfinamiento el supuesto se refiere a desde el momento en el que las causas reflejadas en dicho precepto permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 2020, artículo 1.2 del Real Decreto-ley.
Continúa señalando el precepto: Estas empresas y entidades deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.
La fuerza mayor parcial tiene por tanto como elemento nuclear la reincorporación de las personas trabajadoras afectadas por el ERTE autorizado, en la medida necesaria y conforme lo permita la recuperación parcial de la actividad.
Tal y como se declara en la exposición de motivos del real decreto-ley, el objetivo de la norma es permitir una transición adecuada que posibilite la recuperación gradual de la actividad empresarial y que se desarrolle de forma acompasada con la recuperación de la actividad económica general, contando, para ello, con el estímulo necesario.
De manera que la fuerza mayor parcial no actúa u opera de forma automática en aquellas actividades económicas que pueden reiniciarse de acuerdo con las órdenes ministeriales referentes al proceso de desescalada, sino que las empresas accederán a aquélla cuando las causas del art. 22 del Real Decreto-ley 8/2020, les permitan parcialmente el inicio de su actividad y las personas trabajadoras afectadas por las medidas de regulación de empleo se reincorporen cualquiera que se la forma o el porcentaje de la jornada en que lo hagan.
Hay que añadir que lo anterior dejará de aplicarse cuando la empresa comunique de forma expresa la renuncia total a las medidas de regulación de empleo. Dicha renuncia total no se produce en ningún caso de forma tácita por la desafectación de todas las personas trabajadoras inicialmente incluidas en el ERTE, dado que las medidas podrían volver a aplicarse en un momento ulterior hasta el 30 de junio de 2020.
En cuanto a la prórroga del ERTE, puesto que se trataría de ampliar las medidas suspensivas, resulta necesaria la observancia de las garantías formales establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y en el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, aprobado por Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, lo cual equivale a decir que se debe tramitar un nuevo ERTE.
En un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas también resulta posible reincorporar a trabajadores. La empresa deberá comunicar a la autoridad laboral las variaciones en los datos contenidos en la comunicación de la decisión empresarial de las medidas suspensivas o de reducción de jornada, ya supongan una desafectación de alguno de los trabajadores afectados, por la totalidad o parte de la jornada, o la disminución del porcentaje de reducción de jornada.
Además, la empresa deberá notificar dicha modificación a los trabajadores afectados con carácter previo a que ésta se produzca y a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo.
Finalmente en relación a su tercera consulta le comunicamos que la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, modificada por la disposición final primera del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, sobre la salvaguarda del empleo, establece:
"1.Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el artículo 22 del presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla..."
Atentamente,
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL
